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El 20 de octubre pasado, en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo un encuentro (*) organizado por el claustro de graduadxs, la cátedra Política de la información de las carreras de bibliotecología y la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, con motivo de pronunciarnos en contra de la firma de un potencial decreto presidencial que legalizaría al Centro de Administración de Derechos de Reproducción de Argentina, más conocido como CADRA, como agente exclusivo y único autorizado para gestionar los derechos reprográficos de autores y editores en el ámbito de la República Argentina.

Si bien la firma de ese decreto se suspendió en el mes de septiembre por reclamos realizados desde diferentes organizaciones bibliotecarias entre ellas la Asociación de Bibliotecarios Graduadxs de la República Argentina (ABGRA), la Biblioteca del Congreso de la Nación, y por organizaciones que defienden los derechos civiles en el entorno digital, como la Fundación Vía Libre, el asunto CADRA continuó a puertas cerradas y finalmente, a solo dos días de la asunción de Javier Milei en la Presidencia, nos enteramos por el Boletín Oficial de que Alberto Fernández finalmente firmó el decreto unas horas antes de dejar la casa rosada. 

Una mezcla de bronca y desazón, que se suma a la incertidumbre y el profundo malestar que nos embarga por estos días a quienes nos desempeñamos en el ámbito de la cultura, la ciencia y la educación pública nos motiva a escribir este post, con la esperanza y la seguridad de que solo el conocimiento y la argumentación nos pueden ayudar a superar esta coyuntura. 

Mucho se ha hablado en este último tiempo acerca de la Ciencia Abierta, un concepto que representa “un cambio de paradigma en la manera de hacer ciencia” (Anglada y Abadal, 2018, p. 293). Según esta filosofía, la diferencia radical se da en la forma en que se llevan a cabo los procesos investigativos, en la generación, distribución y reutilización del conocimiento, y en su análisis, evaluación y difusión. 

Si bien el alcance del concepto aún se encuentra en discusión por la comunidad científica (Abadal Falgueras y Anglada Ferrer, 2020; Babini y Rovelli, 2020; Abadal, 2021), hay varios autores que señalan como sus componentes principales el acceso abierto a las publicaciones y a los datos de investigación, la revisión abierta, la ciencia ciudadana y los modelos de evaluación, entre otros. Todo esto apoyado en avances tecnológicos que permiten configurar infraestructuras compartidas y abiertas, muchas veces desarrolladas a partir de software con código también abierto. 

Este nuevo modelo propone un trabajo colaborativo entre los académicos, a la vez que exige transparencia y mayor eficiencia en las fases de la investigación, posibilitando no solo el acceso a las publicaciones sino a los datos -y por qué no a las fuentes- que sustentan lo dicho en esas producciones y las revisiones que avalan lo expuesto (Abadal, 2021), promoviendo estudios reproducibles y con mayor alcance social.