Entradas anteriores

Tanto Argentina como otros países del mundo han apostado a la vía verde del acceso abierto para poner en disponibilidad la producción científica financiada con fondos públicos. Hoy los repositorios institucionales (RI) se constituyen como los espacios imprescindibles para el depósito de las producciones de investigadores en el marco de las universidades nacionales y otras instituciones del sistema científico nacional (Unzurrunzaga, Fushimi, Pené y Sanllorenti, 2019). Más aún en nuestro país dónde la política pública ha acompañado su creación y desarrollo a través de diferentes acciones que tuvieron su mayor esplendor en 2013 con la aprobación de la Ley 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto. Además de “papers”, estos RI incluyen una multiplicidad documental que robustece su relevancia en las organizaciones que los alojan y la comunidad que los frecuenta. 

Al poner en funcionamiento o buscar potenciar un repositorio pensamos en trabajar con estándares de calidad, en actualizar el software para lograr mejorar la experiencia de uso, en definir una reglamentación o políticas que permitan su gestión, en fin, en diversas cuestiones que nos posibilitan tener un producto para reunir, preservar y difundir la producción científico-académica. Sin embargo, parece haber un gran olvidado: los procesos de gestión hacia el interior de la organización que serán los que aseguren el poblamiento de los repositorios. 

En este artículo les compartimos una experiencia de investigación en la cual planteamos a la auditoría de información como una provechosa herramienta para la optimización de la ingesta documental de repositorios institucionales. En la misma, hemos realizado un estudio diagnóstico en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP) y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-CONICET) en vinculación con Memoria Academia (MA). Este repositorio, gestionado por la Biblioteca “Profesor Guillermo Obiols” (BIBHUMA), reúne no sólo producción científica sino que también documentos que hacen al quehacer académico e institucional de ambas organizaciones.

El 20 de noviembre de 2009 organizamos, en conjunto con la red ROBLE de Bibliotecas de la UNLP, un curso taller sobre El acceso a la información en el contexto de la Ley 11.723 : Una mirada desde las bibliotecas,  con la idea de aprender más sobre este tema tan sensible que afecta nuestra labor como bibliotecas.

El curso taller contó con las exposiciones de Ana María Sanllorenti y Lucía Pelaya (en representación de ABGRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina) sobre los efectos de la ley en la labor de las bibliotecas, y el proyecto de modificación para conseguir excepciones que permitan un uso justo y equilibrado de obras protegidas por parte de bibliotecas, archivos e instituciones similares sin fines de lucro.

Asimismo, motivados por la propuesta de CADRA, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, de firmar un convenio con la UNLP, nos pusimos a investigar el tema y Federico Reggiani (director de la Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs.As.) preparó un trabajo que fue presentado en esa misma jornada, donde analizaba las características de esta asociación y desaconsejaba enfáticamente la firma de acuerdos con la misma.

El tema vuelve a concitar interés debido a la reciente publicación de una nota en el blog Derecho a leer y una columna de opinión de Daniel Link (profesor de la UBA), en las cuales se citan fragmentos del texto de Reggiani antes mencionado para argumentar en contra de la renovación del acuerdo que en 2009 CADRA firmó con la UBA, y que podría renovarse este año. La gente de la organización Derecho a leer hizo una infografía explicando el tema, cuya imagen reducida se incluye más abajo.