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“No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas. Es tiempo de salir a la luz y en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública.”

Aaron Swartz, Manifiesto por la guerrilla del acceso abierto

Un auditorio de pie -de tantos otros seguramente- aplaude a Alexandra Elbakyan, la kazaja que fue apodada la Robin Hood de la ciencia, por fundar en 2011 el sitio Sci-Hub y ofrecer para todxs la literatura científica que era accedida hasta el momento solo por aquellxs que podían pagar o que tenían una institución que les facilitaba el acceso. También a nosotrxs -lxs integrantes del equipo de investigación de acceso abierto que miramos en streaming- nos dan ganas de atravesar la pantalla por la cual nos llega la imagen para abrazarla y agradecerle por la barrera que está derribando y por su coraje. Además, ¿quién no ha visto en foros a lxs investigadorxs preguntando cómo acceder a Sci-hub cada vez que lo bajan de un servidor? ¿Quién no ha leído en grupos de Facebook o en Twitter que la proponen como premio nobel o proponen instaurar el día de su cumpleaños como día de celebración a nivel internacional? Ahora bien, como bibliotecarias militantes de acceso abierto e investigadoras de estas temáticas hace ya varios años, se nos vienen muchas preguntas a la mente, ¿a ustedes no?

En los últimos años venimos observando un esperanzador giro en la relación entre las editoriales científicas dominantes -como Elsevier, SpringerNature, Wiley y otras-,  y los distintos países a la hora de negociar la renovación de sus contratos de acceso a las publicaciones. Como es sabido, las instituciones académicas y de investigación de cada país -generalmente asociadas entre sí de alguna manera y con financiamiento estatal- negocian anualmente con cada uno de los proveedores el acceso a la literatura científica.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Montreal (Larivière, Haustein & Mongeon, 2016) en Canadá mostró que los precios de las suscripciones son establecidos unívocamente por los editores internacionales y son sustancialmente más altos del costo real que implica la publicación. Este negocio es muy peculiar, ya que a diferencia de otras relaciones comerciales, aquí los autores entregan sus bienes -el conocimiento- de forma gratuita a los editores, y los consumidores -lectores e instituciones- tenemos que pagarle luego a los editores para poder acceder a ese mismo conocimiento que fue financiado, en la mayor parte de los casos, por nosotros mismos mediante financiamiento público.

Según un informe (Shearer, 2018) de la Asociación de Bibliotecas de Investigación de Canadá, globalmente, de 2011 a 2015, los precios de las revistas académicas aumentaron entre un 5% y 7% por año, acumulando alrededor de un 25% en 4 años, con incrementos similares en 2016 y 2017. Esta tendencia excesiva de incremento de precios viene sucediendo desde hace al menos tres décadas: el índice de precios al consumidor en Canadá apenas alcanzó el 2% por año durante el mismo período, y las 29 instituciones académicas miembros del consorcio pagaron alrededor de $167 millones en 2011, $215 millones en 2014 y casi $260 millones en 2016 para acceder a las revistas. Los 5 editores “top” que controlaban cerca de la mitad del mercado y casi el 70% en algunas disciplinas alcanzaban márgenes de ganancia del orden del 29 al 39%. Otro problema frecuente en las negociaciones es la poca transparencia del proceso de contratación de las suscripciones, ya que los proveedores imponen cláusulas de confidencialidad que impiden divulgar los acuerdos alcanzados, y eso hace muy difícil la comparación de los precios y condiciones de cada contrato.
Frente a este escenario, comentaremos a continuación algunos eventos recientes que muestran un cambio de enfoque de algunos países y consorcios en su negociación con las editoriales que monopolizan el mercado de la edición científica.